Los edificios donde vive tu nube pagarían hasta un 500 % de recargo si incumplen un decreto

El Gobierno prevé aprobar a lo largo de octubre un real decreto con requisitos de energía, medio ambiente y soberanía digital para los centros de datos, según un despacho de agencia difundido el 4 de octubre de 2026. La versión que se sometió a audiencia pública, del 27 de agosto al 4 de septiembre, pide a los grandes centros cubrir el 80 % de su consumo con renovable nueva y casar esa cobertura hora a hora. Mientras no se apruebe, es un proyecto y puede cambiar.

Qué dice el proyecto

Lo promueve el Ministerio para la Transición Ecológica, con los de Economía y Transformación Digital. Las obligaciones principales afectan a centros con potencia de acceso a la red de 1 MW o más. Es lo que el centro puede pedir a la red, como la potencia contratada en una casa, pero a lo grande. La publicación de datos de rendimiento energético, renovables, huella hídrica y demanda baja el umbral a 500 kW de potencia informática.

En energía, el proyecto combina dos reglas.

• Adicionalidad. La renovable tiene que ser nueva, no valen las plantas de siempre. El centro debe cubrir el 80 % de su consumo total con autoconsumo o con contratos de compra de electricidad renovable a plazo, algo parecido a un abono: se firma hoy el suministro de los próximos años. Las plantas han de estar en España y haber entrado en servicio, como mucho, 18 meses antes de que arranque el centro.
• Correlación horaria. Cada hora, al menos el 80 % de lo consumido tiene que estar respaldado por renovable generada esa misma hora.

Hay una vía de salida. Si la cuota renovable del sistema eléctrico supera el 90 % de media en el año natural de dos años antes de la solicitud, esas exigencias previas desaparecen. Pero el centro queda sujeto a un tope de horas anuales de consumo de red: las horas del año multiplicadas por esa cuota renovable.

En eficiencia, los centros deberán situarse en la clase A de la etiqueta europea. Mientras ese sistema no se aplique (el proyecto menciona agosto de 2027 como fecha prevista), valen unos máximos transitorios de 1,15 de PUE y 0,1 de WUE. El PUE es el índice de eficiencia en el uso de la energía y el WUE, el del agua. Cuanto más bajos, mejor.

En soberanía digital, el operador debe estar establecido en la Unión Europea y mantener en ella los datos operativos bajo su control. Debe trazar el soporte que reciba desde terceros países y vigilar a sus subcontratistas directos. Los sistemas del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad, que son las reglas de seguridad informática de la Administración, solo podrán alojarse si todo lo que se maneja de ellos se trata dentro de la UE. Eso incluye metadatos (los datos sobre los datos), telemetría, registros, réplicas y copias de seguridad.

Las penalizaciones

El incumplimiento se cobra en la factura. Los peajes y cargos del sistema eléctrico son las partidas que pagan el mantenimiento de la red y otros costes comunes. Sobre ellos, el proyecto prevé estos recargos:

• Superar el tope de horas: un 65 %, con diez puntos más por cada año consecutivo.
• Fallar en la adicionalidad: del 100 % al 500 %, según cuánta generación renovable adicional tenga el centro.
• Fallar en la correlación horaria: del 10 % al 50 %, según el porcentaje de horas incumplidas, con diez puntos más por cada mes consecutivo.

En casos graves y reiterados, el centro puede perder los permisos de acceso y conexión. Un ejemplo: tener menos del 60 % de generación adicional cinco años seguidos.

El propio texto defiende que estos recargos reducen la factura de otros consumidores y evitan repartir entre todos el coste de conectar consumos que describe como planos y poco gestionables.

Los proyectos con solicitud en trámite tendrían tres meses desde la entrada en vigor para acreditar el cumplimiento, o se denegarían. Los que ya tienen permiso pero no están conectados dispondrían de seis meses o caducarían, con ejecución de garantías: pierden el aval depositado. Si renuncian en ese plazo, no pierden las garantías.

La posición del sector

La asociación SpainDC sostiene que hay en juego 9.000 millones de euros de inversión. Según su presidente, Emilio Díaz, tres inversores internacionales cuyos proyectos suman el 15 % de los 66.900 millones previstos hasta 2030 se retirarían si el decreto sigue adelante. La asociación estima que peligraría entre el 80 y el 90 % de la inversión nueva que podría llegar al país.

Son cifras de una parte interesada, sin contraste independiente, y los inversores no se han identificado. Díaz afirma que pidió una reunión desde el primer día y que se le remitió al trámite de alegaciones. En los textos consultados no consta una respuesta del Gobierno a esas cifras.

Por qué importa

La capacidad de cálculo que mueve la IA se aloja en estos edificios, y su cuello de botella es la conexión a la red eléctrica. El proyecto condiciona esa conexión. Mientras la red no supere el 90 % de renovables, quien quiera acceso tendrá que traer generación nueva y casarla con su consumo. Si además aloja sistemas públicos, tendrá que tratarlos en suelo europeo.

Si eso atrae o espanta inversión es lo que discuten el Gobierno y el sector. Nadie ha publicado una estimación independiente.

Para un emprendedor

El decreto, tal como está, obliga a los operadores de centros de datos, no a quien contrata nube o alojamiento. Hay dos puntos que mirar.

1. Si tu empresa vende servicios a administraciones y sus sistemas están sujetos al Esquema Nacional de Seguridad, pregunta a tu proveedor en qué centros trata los datos y si incluye metadatos y copias de seguridad.
2. Si tu negocio depende de capacidad de nube o de IA instalada en España, pregunta al proveedor si tiene proyectos pendientes de conectar. El texto da seis meses a los permisos sin conectar para cumplir o caducan.

Ninguna de las fuentes consultadas estima un efecto en los precios que paga el cliente final.

Fuentes

• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, audiencia e información pública sobre el proyecto de real decreto, abierta del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2026.
• MITECO, texto del proyecto de real decreto sometido a audiencia (PDF).
• Infobae, despacho de agencia, El Gobierno prevé aprobar este mes el nuevo real decreto para regular los centros de datos en España, 4 de octubre de 2026.
• Infobae, despacho de agencia, SpainDC cifra en 9.000 millones las inversiones en riesgo por la normativa del Gobierno para centros de datos, 11 de septiembre de 2026.